El máximo tribunal declaró su competencia originaria en una causa impulsada por la provincia por pagos adeudados del Consenso Fiscal 2017, aunque rechazó una medida cautelar para exigir el pago inmediato.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió formalmente una causa presentada por la provincia de Santa Cruz contra el Estado Nacional, en la que reclama casi 600 millones de pesos en concepto de compensaciones fiscales previstas en el Consenso Fiscal 2017 que, según la demanda, no fueron transferidos en tiempo y forma. 

El reclamo fue impulsado por el gobernador Claudio Vidal, quien sostiene que las modificaciones tributarias de 2018, como cambios en el impuesto a las ganancias y en el de créditos y débitos bancarios, redujeron los recursos de la provincia y debían ser compensados por la Nación mediante transferencias automáticas. 

La provincia solicitó además una medida cautelar innovativa para ordenar el pago inmediato de los fondos adeudados correspondientes a 2023 y los primeros meses de 2024, argumentando que la falta de esos recursos le causaba un “daño actual”. 

Sin embargo, tras escuchar al Procurador General, la Corte rechazó ese pedido cautelar al considerar que los antecedentes aportados eran insuficientes para justificar un pago anticipado y que ordenar transferencias urgentes excedía el marco previsto para este tipo de medidas. 

El máximo tribunal ordenó entonces notificar al Estado Nacional para que responda la demanda en el proceso ordinario dentro de 60 días, dando así curso formal al expediente. 

La causa se suma a otros reclamos judiciales entre jurisdicciones provinciales y la Nación por recursos y compensaciones, en un contexto de fuertes disputas federales sobre la distribución de fondos públicos.