El Consejo de la Magistratura provincial resolvió por unanimidad abrir un proceso contra el camarista Claudio Petris. Lo acusan de ocultar bienes, intervenir en causas con intereses personales y realizar actividades económicas incompatibles con su función judicial.

El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió por unanimidad iniciar un proceso de enjuiciamiento contra el juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Alejandro Petris, por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y violación del régimen de incompatibilidades judiciales. El magistrado fue suspendido por seis meses y se le retendrá el 50% del salario mientras dure el trámite.

La medida fue adoptada durante una sesión plenaria en Puerto Madryn, donde se definió remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento, encargado de determinar si avanza el jury. La investigación surgió a partir de una denuncia del fiscal de Estado, Andrés Meiszner, tras un informe periodístico que reveló supuestas irregularidades patrimoniales y financieras.

Según las actuaciones, Petris habría acumulado un patrimonio difícil de justificar, con al menos ocho propiedades a nombre de familiares o intermediarios, además de una donación de 18 millones de pesos a su hija para la compra de un auto de alta gama. También se lo vincula con la explotación de inmuebles para eventos, una actividad prohibida para funcionarios judiciales.

El juez, además, está acusado de haber intervenido en causas donde tenía vínculos personales con las partes, entre ellas un expediente de cuotas alimentarias en el que figuraba el exfutbolista Aldo Duscher y otro relacionado con su propio médico de cabecera. A esto se suman testimonios que lo señalan por conductas inapropiadas y amenazas, aunque esos hechos aún no fueron incorporados a la investigación penal.

En su descargo, Petris rechazó todas las acusaciones y denunció una supuesta persecución política por su oposición al proyecto del gobernador Ignacio Torres, que busca eliminar las inmunidades judiciales mediante una consulta popular. También negó haber utilizado testaferros o haber cometido irregularidades económicas, alegando una carrera judicial de más de cuatro décadas.

Tras más de tres horas de debate, el Consejo concluyó que existen elementos suficientes para imputarle mal desempeño y falta de ética en el ejercicio de sus funciones. Con esta decisión, el caso pasará al Tribunal de Enjuiciamiento, que deberá resolver si el magistrado enfrentará un proceso formal por las acusaciones de corrupción y abuso de poder.