La Justicia provincial abrió una causa penal contra un comerciante de 60 años acusado de dos hechos de abuso sexual simple. Se dictaron medidas de protección para las víctimas y un plazo de seis meses para la investigación.

La Justicia de Chubut formalizó la apertura de una investigación penal contra un hombre de 60 años, acusado de haber cometido dos casos de abuso sexual simple en un local comercial de la localidad de Río Mayo durante 2024. La decisión fue adoptada por el juez Alejandro Rosales, tras el pedido presentado por la Fiscalía, que recopiló las denuncias correspondientes.

Según los escritos judiciales, el primer hecho denunciado habría ocurrido entre enero y septiembre del año pasado, cuando el acusado —propietario de un comercio local— habría incurrido en conductas calificadas como abuso sexual simple. El segundo episodio, en tanto, se registró el 30 de mayo de 2024, también en su establecimiento, y tuvo como víctima a otra clienta.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Alexis Ubilla y la abogada Maira Ritter detallaron los hechos y solicitaron la apertura formal de la investigación preparatoria, junto con el mantenimiento de las medidas de protección ya dictadas para las víctimas. Estas incluyen la prohibición de acercamiento y de contacto por parte del imputado.

Asimismo, la Fiscalía pidió la aplicación del protocolo de identificación de personas para el acusado, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y evitar errores de identidad. La defensa no presentó objeciones ni apeló las medidas cautelares, lo que permitió una resolución rápida del tribunal.

Tras escuchar a las partes, el juez Rosales resolvió formalizar la investigación penal preparatoria contra el sospechoso y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal realice las diligencias necesarias: recolección de pruebas, peritajes, declaraciones y otras acciones destinadas a esclarecer los hechos.

La medida implica que la causa avanza hacia una etapa de análisis más profundo, en la que los investigadores deberán determinar la responsabilidad penal del imputado y definir si el caso será elevado a juicio oral una vez concluido el período de investigación.