En el marco de un operativo planificado y coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular en la provincia de Chubut una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. 

La investigación comenzó el 30 de mayo de este año tras recibir una denuncia en la Línea 145 sobre un grupo delictivo que captaba mujeres para ser explotadas sexualmente en Comodoro Rivadavia. La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, con la intervención de la Fiscal General Dra. Verónica Escribano y la Auxiliar Fiscal Dra. María Florencia Monella. 

La División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA realizó tareas de observación, seguimientos y ciberpatrullaje en plataformas digitales de ofertas sexuales, además de intervenciones telefónicas y análisis de videos de vigilancia. Esto permitió determinar que al menos siete mujeres eran trasladadas desde Buenos Aires hacia Comodoro Rivadavia por períodos de 15 a 20 días para ser explotadas sexualmente.

Durante la pesquisa se identificó a tres mujeres que controlaban la actividad de las víctimas mediante cámaras instaladas en los domicilios utilizados para el delito y gestionaban de manera frecuente los pasajes aéreos para el traslado de las damnificadas. Con toda la evidencia reunida, el Juzgado Federal de Garantías de Comodoro Rivadavia ordenó tres allanamientos simultáneos en la ciudad patagónica y en Merlo, Buenos Aires, lo que permitió la detención de las tres sospechosas y el secuestro de teléfonos, computadoras, dinero en efectivo, un posnet, pasajes de avión y otros elementos vinculados a la causa.

Durante los allanamientos se rescataron siete mujeres; una de ellas fue incorporada al Programa Nacional de Rescate, mientras que las demás optaron por permanecer en el lugar tras recibir asistencia. Las imputadas son dos argentinas de 30 y 34 años y una dominicana de 52 años, acusadas de infringir la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, quedando a disposición de los magistrados intervinientes.