La norma regula la participación laboral en obras de infraestructura de interés provincial, asegurando que la mayoría del personal sea local y promoviendo la capacitación cuando se contrate personal de otras provincias. Además, establece mecanismos de seguimiento junto a sindicatos y empresas para supervisar el cumplimiento de los cupos, los oficios directos e indirectos y el impacto positivo en las comunidades, incluyendo un 20% de puestos reservados para mujeres y disidencias.

La Legislatura de Río Negro dio media sanción a la denominada Ley 80-20, una iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que busca garantizar la prioridad de la mano de obra local en los proyectos de infraestructura de interés provincial. La norma establece que al menos el 80% del personal contratado en las obras deberá ser residente de Río Negro, mientras que el 20% restante podrá integrarse con trabajadores de otras provincias, siempre y cuando no existan recursos humanos disponibles en la región. De esta manera, el gobierno provincial apunta a fortalecer el empleo local y dinamizar las economías de las comunidades donde se desarrollen los proyectos.

Uno de los aspectos más innovadores de la ley es que reserva el 20% de los puestos de trabajo para mujeres y disidencias, con el objetivo de promover la inclusión y la equidad de género en un ámbito históricamente masculinizado como el de la construcción. Además, se contempla la capacitación de quienes ingresen desde fuera de la provincia para que su participación sea complementaria y se traduzca en transferencia de conocimientos y fortalecimiento de las capacidades locales. Este enfoque busca no solo cubrir necesidades inmediatas, sino también dejar instaladas competencias a largo plazo en el territorio rionegrino.

El proyecto también prevé la conformación de una mesa de seguimiento integrada por representantes del Estado, los sindicatos y las empresas contratistas, que tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los cupos, tanto en los oficios directos como en los indirectos. Esta mesa podrá realizar auditorías, verificar la trazabilidad de la contratación y garantizar que la norma no se transforme en letra muerta, sino en una política pública efectiva. A su vez, se apunta a que la comunidad pueda percibir un impacto positivo tangible, no solo en el empleo directo sino también en la generación de servicios y oportunidades asociadas a cada obra.