La norma impide que personas con condenas firmes por delitos dolosos ocupen cargos públicos o partidarios, incluyendo delitos menores contra las personas, con excepción de calumnias e injurias. Desde su sanción, la provincia se convirtió en pionera a nivel nacional en ética política, promoviendo transparencia, fortaleciendo instituciones y recuperando la confianza ciudadana.

La provincia de Río Negro se consolidó como pionera en materia de ética política con la implementación de la Ley de Ficha Limpia, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck. La norma establece que ninguna persona con condena firme por delitos dolosos puede ser candidata a cargos electivos ni ejercer funciones partidarias, lo que incluye desde delitos de corrupción hasta delitos menores contra las personas, con la excepción de calumnias e injurias. El objetivo es claro: evitar que quienes han delinquido se postulen a cargos de responsabilidad pública y garantizar que la representación política se sustente en la transparencia y la confianza ciudadana.

Desde su sanción, la medida generó un fuerte impacto en el escenario político provincial. Partidos, sindicatos y organizaciones sociales valoraron que Río Negro dé un paso hacia adelante en la depuración de la vida pública, al mismo tiempo que marca un camino a seguir para otras jurisdicciones del país. En este sentido, la provincia no solo refuerza su institucionalidad, sino que también ofrece a la ciudadanía una herramienta concreta para elevar los estándares éticos de sus representantes y fortalecer la democracia.

La implementación de la Ley de Ficha Limpia también supuso un cambio cultural hacia el interior de las fuerzas políticas. La necesidad de cumplir con estos requisitos obligó a revisar listas de candidatos, reorganizar estructuras partidarias y promover nuevos liderazgos que cumplen con los valores de honestidad y respeto por la ley. Esta transformación contribuye a la renovación de cuadros políticos y a la consolidación de una dirigencia más comprometida con los intereses de la sociedad y menos permeable a prácticas indebidas.

Weretilneck destacó que la iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio de modernización del Estado y de fortalecimiento de las instituciones provinciales. Con esta ley, Río Negro se posiciona a la vanguardia nacional en materia de ética pública, enviando una señal clara de que no hay lugar para la corrupción ni para quienes quebrantan la confianza de la ciudadanía. De esta manera, la provincia no solo recupera credibilidad, sino que también sienta las bases de un modelo de gestión política más transparente, sólido y legítimo frente a los rionegrinos.