La denuncia, respaldada por intendentes, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, solicita una intervención urgente para garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de una vía clave para la región. “Lo ha dicho el vocero Manuel Adorni, a Nación no le interesa las rutas” expresó el gobernador rionegrino.
Tras meses sin respuestas concretas y con el agravamiento de la situación, el Gobierno de Río Negro presentó una acción de amparo colectiva ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el “deplorable estado” de la Ruta Nacional 151. El reclamo, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, se formalizó ante el Juzgado Federal de General Roca y cuenta con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, intendentes del Alto Valle y diversas cámaras empresariales.
“Agotamos todas las instancias, solo nos quedó la vía judicial”, afirmó Weretilneck, quien subrayó que la ruta está “destruida” y representa un peligro constante para quienes la transitan. El mandatario apuntó directamente a la inacción del gobierno nacional: “Basta de abandono. La 151, acceso a la Patagonia, pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no”.
La demanda busca proteger derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de miles de personas. La Ruta Nacional 151 —que conecta Cipolletti con el límite norte de Catriel, abarcando unos 150 kilómetros— se encuentra en un estado crítico que afecta también el desarrollo económico y los servicios esenciales de la región.
Entre los firmantes de la presentación se encuentran los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel) y Enrique Rossi (Cinco Saltos), además del fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan. También acompañan el reclamo la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, la Cámara de Servicios Petroleros y la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro.
El pedido judicial exige que Vialidad Nacional implemente de manera urgente un plan de mantenimiento, bacheo, señalización y reparación integral del tramo. En paralelo, el Juzgado Federal solicitó al Estado Nacional un informe detallado sobre la situación denunciada, fijando un plazo de 11 días para responder y cinco días para resolver sobre la medida cautelar.
La acción judicial detalla cómo el abandono impacta directamente en la salud, la educación y la producción. Más de 576 traslados sanitarios han debido circular por esta vía en lo que va del año; más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes ven dificultado su acceso diario a 70 escuelas; y sectores como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera —clave para la economía nacional— padecen el deterioro de la infraestructura.
El gobernador también denunció el desvío de fondos del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, que por ley debería recibir el 28,58% del Impuesto a los Combustibles para obras viales. “Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se queda en Buenos Aires, no vuelve nada en rutas, transporte o viviendas”, reclamó Weretilneck.
La presentación se enmarca en una estrategia más amplia que el gobierno provincial viene impulsando desde mayo, cuando anunció su decisión de litigar contra la Nación por el estado de las rutas nacionales 151, 22, 23 y 40. Esta demanda es el primer paso concreto en ese camino. Además, se reavivó el pedido de transferir la jurisdicción de estas rutas a las provincias.
“El vocero Manuel Adorni ya lo dijo: a Nación no le interesan las rutas. Nosotros sí defendemos lo que nos corresponde, defendemos a nuestra gente, con hechos y en la Justicia”, concluyó el mandatario rionegrino.
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